Durante el mes de septiembre 2021 se registraron quince acciones colectivas, con un promedio de 22.05 puntos en el Índice de Intensidad de la Protesta. Tanto la frecuencia, como la intensidad de las protestas del mes, fueron menores si se les compara a las registradas durante todo el año.
También disminuyó la variación en formas de protesta, registrándose solamente dos tipos de acciones: catorce declaraciones públicas, y una denuncia ante autoridades nacionales.
La disminución de frecuencia e intensidad podría obedecer a dos motivos: el repunte de casos de Covid-19 y la dispersión de actores sociales y políticos resultante de la escalada represiva de mayo-junio este año. En el trasfondo de la palestra pública, se posicionan también demandas en rechazo al proceso electoral de noviembre.
El manejo de la pandemia del coronavirus y la vacunación
Dos acciones de protesta estuvieron especialmente vinculadas a la temática de la pandemia este mes. Padres y madres de familia en instituciones educativas en Managua solicitaron a las autoridades de estos centros la suspensión de clases presenciales. Además, la cobertura mediática también registró entrevistas a estudiantes universitarios que planteaban la necesidad de transferir las clases a modalidades virtuales en medio de un repunte de casos registrado por las autoridades y medios independientes[1].
La Unidad Médica Nicaragüense (UMN), una de las organizaciones gremiales alternas a los sindicatos surgida durante la crisis sociopolítica, realizó un llamado a la población nicaragüense a acudir a los centros de vacunación. Elevó con su declaración pública una exigencia a las autoridades, de modo que estas garanticen la vacunación de todo el personal de salud en el menor tiempo posible.
Aunque la pandemia no generó otras protestas explícitamente vinculadas al tema, es importante reconocer que la situación sanitaria pudo haber impactado la organización de actividades entre distintos grupos políticos. Sin embargo, esto contrasta con el comportamiento de la Sismología Social en el pico inicial de la pandemia, alrededor de mayo y junio 2020. En esa ocasión, diversos actores sociales y políticos realizaron llamados a la población para prevenir contagios, al tiempo que exigían a las autoridades más beligerancia en la prevención o mitigación de la pandemia. En septiembre 2021, en contraste, ninguna agrupación política elevó demandas reconociendo este crítico contexto social.
[1] Estas entrevistas no entraron a clasificación por carecer de componentes básicos para el registro de protesta: actor y repertorio.
Dispersión sociopolítica y la persistente demanda de liberación de detenidos
Como se ha observado desde Julio, el efecto de la escalada represiva ha sido significativo en la movilización de actores sociales y políticos. Esto se manifiesta, principalmente, en la reducción de acciones colectivas expresadas públicamente; pero supone también una disminución de la actividad organizativa de estos grupos.
A pesar de esta condición, persiste entre diversos actores la demanda de liberación de detenidos. De forma particular, se mencionan aquellos líderes que sufrieron aprehensión en los meses de mayo-julio. Por ejemplo, a través de un comunicado de prensa, emitido por las esposas de Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, informaron que los precandidatos presidenciales detenidos lograron ser visitados. En esa ocasión, exigieron a las autoridades nicaraguenses que cumpla con estándares nacionales del debido proceso.
A mediados de mes, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia –uno de los actores más beligerantes desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018– reapareció en la palestra pública para solicitar que las autoridades garanticen” un trato respetuoso” a los derechos de los detenidos. También la Unidad Nacional Azul y Blanco posicionó demandas similares al exigir, por ejemplo, el ingreso de la Cruz Roja a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
La Alianza Universitaria Nicaragüense fue también un actor significativo en septiembre al organizar el 20% de las acciones colectivas del mes. En sus declaraciones públicas, los jóvenes de esa organización exigieron el “respeto íntegro” a los derechos de Lesther Alemán, uno de los líderes detenidos de esta agrupación. Además, denunciaron que a Max Jeréz, otros de sus liderazgos aprehendidos, se le negó el permiso para visitar a su madre convaleciente. Ambas demandas tuvieron eco significativo en la cobertura mediática, pero no tuvieron respuesta por parte de las autoridades.
Crecen demandas rechazando el proceso electoral
En este mes se confirma una tendencia que se originó antes de la escalada represiva, para ser posteriormente incrementada por su efecto: el rechazo al proceso electoral.
Ciudadanos nicaragüenses, vía correo, realizaron una denuncia ante autoridades del Consejo Supremo Electoral para impugnar la candidatura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su denuncia no fue recibida, pero tampoco recibió cobertura significativa entre los medios locales.
Organizaciones políticas como la Unidad Nacional Azul y Blanco, y familiares de presos políticos, también rechazaron todo el proceso electoral e invitaron a la población y la comunidad internacional a desconocerlo.
Todas estas acciones contrastan con las expectativas electorales de inicios de año que, sin dejar el componente de exigencia en mejoramiento de condiciones, percibían en las elecciones de noviembre una oportunidad política relevante para revertir la crisis. El registro muestra que ninguna acción y organización, en este mes, apuesta al mejoramiento del proceso electoral.
Conocé todos nuestros detalles en nuestro video resumen, de este mes: