Las 21 acciones colectivas de junio obtuvieron un promedio de 23.75 en el Índice de Intensidad de la Protesta. Tanto la frecuencia, como la intensidad disminuida, confirma la disminución de oportunidades políticas y de condiciones favorables para la exteriorización del disenso, aún en sus formas menos expuestas al riesgo (como comunicados y ciberacciones colectivas).
Esta tendencia hacia el “silencio sísmico social”, respondió al acelerado ritmo del escalamiento de la represión contra de liderazgos visibles entre la oposición nicaragüense. Este registro está reportado en informes previos. En Julio, destacan temas en la agenda política, pero se siguen registrando temáticas socioculturales y económicas.
Recesión de demandas electorales
Aunque en los últimos meses la demanda por condiciones adecuadas para el proceso electoral había aumentado su frecuencia y visibilidad entre múltiples actores sociales y políticos, en Julio se confirma una recesión de este tipo de exigencias. Este mes, cuatro acciones denunciaron el incumplimiento de los estándares internacionales para el proceso electoral, solicitaron mejores condiciones sociopolíticas para los mismos, o rechazaron categóricamente los comicios.
Estos cuatro actores fueron: el Observatorio Ciudadano de Urnas Abiertas, una iniciativa de monitoreo y denuncia del proceso electoral; la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, en su comunicado mensual, la Unidad Nacional Azul y Blanco; y el Cosep. Este último actor “demandó a las autoridades nicaragüenses garantizar un clima de tranquilidad, convivencia pacífica y seguridad durante el proceso electoral.” Por su tono moderado en medio de la escalada represiva, el comunicado de los empresarios recibió muchas críticas. Todas estas acciones fueron de leve intensidad según los valores de IIP.
Aumento de exigencias de liberación.
Por otro lado, se registraron más de diez acciones relacionadas a la liberación de presos políticos, las exigencias de garantías de sus condiciones, solicitudes de visitas, entre otras demandas relacionadas. De forma particular, destacan las declaraciones públicas de las madres de Lesther Alemán y Max Jerez, detenidos a inicios de este mes. Lesbia Alfaro y Heidi Meza denunciaron la detención de sus hijos y sostuvieron que los líderes juveniles son inocentes de los cargos que las autoridades pretenden imputarles. Semanas después de la detención, en otra declaración pública, denunciaron que no habían podido saber el estado en que se encuentran sus hijos.
Destacan también las denuncias ante entidades internacionales en Washington DC que familiares, particularmente las esposas de Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, sostuvieron. Victoria Cárdenas y Bertha Valle presentaron acusaciones ante la OEA y senadores estadounidenses sobre violaciones a los derechos humanos de detenidos en el país. A fin de mes, en otra declaración pública, ambas mujeres denunciaron represalias por sus acciones, entre las que se destacó el inicio de investigaciones judiciales en su contra.
Más del 60% de las acciones relacionadas a la liberación de presos políticos fueron comunicados o declaraciones públicas, que como se menciona arriba, son una táctica de protesta menos expuesta al riesgo de represión. Sin embargo, nicaragüenses en el exterior, particularmente en Costa Rica, pudieron manifestarse frente a la embajada de Nicaragua en dicho país exigiendo la liberación de los detenidos. Uno de los manifestantes indicó: “Nosotros decimos presente cuando el pueblo de Nicaragua no puede hablar. El exilio tiene que convertirse en la voz”. Las acciones en las inmediaciones en las embajadas requieren atención en el contexto de cierre de espacios políticos y condiciones favorables a nivel nacional.
Un elocuente evento aislado: descontento por gestión pandémica
El aumento del reporte de casos de coronavirus tuvo una expresión en una acción de protesta rápida registrada en Somotillo, Chinandega. El domingo 11 de julio, un grupo de pobladores bloqueó el paso de una camioneta del Ministerio de Salud que trasladaba de forma exprés a un fallecido por el virus. Los manifestantes posteriormente arrebataron el cuerpo mientras criticaban a las autoridades. En el evento no se registró presencia policial.
Es llamativo que este evento es el segundo de su tipo registrado en Chinandega. En mayo de 2020, habitantes de la comunidad Terencio Munguía, de El Realejo, tras conocer que el Ministerio de Salud estaba enterrando cadáveres que no era de la zona, comenzaron a protestar. Ambas situaciones reflejan dinámicas más profundas de descontento de la población relacionadas a la gestión de la pandemia. Desde el inicio de la crisis sanitaria hasta julio 2021, más de 100 registros de acciones en Sismología Social están relacionadas al tema.
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En términos generales, la tendencia de la frecuencia e intensidad de acciones se proyecta a la baja. Como se estimaba en estudios previos, esta disminución se debe el cierre de oportunidades políticas manifestado en la disminución de garantías para el proceso electoral competitivo, la detención de líderes políticos, y la desvinculación de activistas que se retiran ante la aversión al riesgo.
La disminución de estas acciones, lejos de significar una desaparición del disenso, es también sugestiva y refleja las deterioradas condiciones de la calidad democrática en el país. El registro de Sismología Social continúa monitoreando estos eventos de protesta en todas sus formas.